El abogado Marcelo Silva se refirió a las acciones judiciales impulsadas por la Intendencia Departamental para desalojar a varias familias que residen desde hace más de tres décadas en la zona del aeropuerto de Artigas. Según explicó, asumió la defensa de los vecinos de manera honoraria junto al doctor Volpi y destacó que la Justicia falló a favor de las familias tanto en primera como en segunda instancia.
“Fue un trabajo que realizamos junto al doctor Volpi y lo hicimos completamente gratis para ayudar a la gente”, señaló Silva, al tiempo que manifestó su preocupación por la situación de las familias afectadas.
El abogado cuestionó los fundamentos utilizados por la comuna para promover los desalojos, argumentando que las viviendas existen desde hace más de 30 y 40 años.
“Estamos hablando de casas construidas en la década de 1980. Nos llama poderosamente la atención que la Intendencia, en lugar de preocuparse por resolver el problema de la vivienda, intente llevar adelante desalojos que podrían dejar a familias en una situación muy compleja”, expresó.
Según Silva, la Intendencia sostuvo que las construcciones se encuentran en espacios públicos. Sin embargo, el profesional afirmó que existen otras ocupaciones similares en distintos puntos del departamento y cuestionó que la medida se aplique únicamente en este caso.
Uno de los aspectos más polémicos planteados por Silva fue la supuesta existencia de intereses privados detrás de la iniciativa.
El abogado afirmó que recibió una llamada de la actual pareja del propietario de un campo lindero a las viviendas en cuestión, quien le habría manifestado que la presencia de las construcciones afecta el valor comercial del predio.
“Si la razón detrás de estos desalojos es aumentar el valor de una propiedad privada en perjuicio de familias que viven allí desde hace décadas, estamos ante una situación muy grave”, sostuvo.
Silva indicó que entre los afectados hay seis familias, incluyendo niños en edad escolar, y consideró que las autoridades deberían priorizar soluciones habitacionales antes que impulsar medidas de desalojo.
El abogado también criticó la actitud de los ediles oficialistas, señalando que ninguno de ellos se hizo presente para interesarse por la situación.
En ese sentido, destacó la actuación del edil Guillermo Gasteasoro, quien llevó el tema a la Junta Departamental tras recibir documentación sobre el caso.
“Fue la única persona que tomó el planteo y lo presentó. También entregué documentación al presidente de la Junta, pero no vimos una respuesta concreta por parte de otros ediles”, afirmó.
Silva resaltó que la Justicia rechazó las pretensiones de la Intendencia tanto en primera como en segunda instancia, lo que permitió que las familias permanezcan en sus hogares.
“Ganamos en ambas instancias y esas seis familias no serán desalojadas. Para nosotros es una enorme satisfacción haber podido defender sus derechos”, expresó.
Asimismo, aseguró que continuará brindando asistencia jurídica gratuita en situaciones similares si la Intendencia promueve nuevos procesos de desalojo.
Durante la entrevista, Silva recordó que cuando ocupó una banca en la Junta Departamental promovió la creación de un fideicomiso destinado a la adquisición de tierras para facilitar soluciones habitacionales.
A su entender, la Intendencia debería retomar iniciativas de ese tipo para atender las necesidades de vivienda de la población.
“Las autoridades tendrían que trabajar para generar oportunidades de acceso a la tierra y a la vivienda. Esa es la verdadera responsabilidad de un gobierno departamental”, sostuvo.
Finalmente, Silva consideró que los ediles deberían analizar en profundidad las circunstancias que rodearon los intentos de desalojo, especialmente ante la posibilidad de que existieran intereses particulares vinculados al valor de predios privados.
“Si efectivamente se buscó beneficiar a un tercero aumentando el valor de un campo a costa de perjudicar a familias que viven allí desde hace décadas, estamos frente a un hecho que merece ser investigado”, concluyó.
